Por Dios y Los Fueros: El Carlismo y el Régimen Foral Vasco

La historia de Europa Occidental en el siglo XIX es, en parte importante, la historia de la consolidación estatal e ideológica de un orden liberal que, impulsado por una cada vez más poderosa burguesía industrial y mercantil, se enfrentaba a un conflicto en dos frentes por la hegemonía política y económica en los estados europeos. 

Por una parte, las fuerzas de un Antiguo Régimen que, luego del golpe de la Revolución Francesa habían logrado recuperar terreno perdido y habían establecido un sistema de alianzas (fundamentalmente la Santa Alianza) que funcionaba como un escudo ante la creciente amenaza de los sectores liberales, pero que, tanto por la pujante fuerza económica, política y militar de éstos como debido a su propia incapacidad de adaptarse a los nuevos tiempos y establecer reformas políticas y económicas que les permitieran mantener el control, se hallaban en franca decadencia.

Por otra parte, la burguesía se encontraba en una compleja relación con vastos sectores populares, los cuales, viviendo una progresiva proletarización y alejados de sus medios de producción, se dieron cuenta de que no sólo la alianza que una importante mayoría de ellos había sostenido con los sectores burgueses durante la primera mitad de siglo no les había traído ningún rédito material que mejorara sus condiciones de clase, si no que también les alejaba radicalmente de las formas de vida, creencias y actividades económicas que habían sostenido por generaciones. 

Dentro de este contexto, el caso de España es de interesante estudio, no sólo por su extraordinaria complejidad ideológica, religiosa y política, sino también porque fue un conflicto, que con mayor o menor grado de virulencia, abarcó la práctica totalidad del siglo XIX español con guerras, golpes de estado e insurrecciones, que marcaron la historia española por los menos hasta las últimas décadas del siglo.

Dentro de toda esta conflictividad española, hay dos factores y elementos que contribuyeron a complejizar y darle una particularidad especial: en primer lugar, se encuentra el Carlismo, movimiento absolutista que, desde la disputa dinástica, promovió un larguísimo conflicto que puso en cuestionamiento la totalidad de la conformación ideológica y material del Estado español y la relación con la Iglesia Católica. El enfrentamiento se materializó en dos guerras civiles (1833-40 y 1872-76) y una larga serie de sublevaciones, motines y levantamientos a lo largo del siglo.

El segundo factor relevante lo constituye el sistema foral. Sin entrar en detalle, los Fueros constituían parte fundamental de la España del antiguo régimen y consistían en una serie de privilegios que la Corona otorgaba (o acordaba, de acuerdo con la interpretación) a favor de diversas provincias o territorios (o incluso a comarcas particulares), que variaban dependiendo del territorio. Por lo general, estos privilegios consistían en exenciones o reducciones fiscales, en liberaciones del servicio militar y ciertos grados de autogobierno. A lo largo de la historia moderna del Reino y por diversas circunstancias la gran mayoría de estos Fueros habían sido derogados (los de los territorios que componían el antiguo Reino de Aragón fueron abolidos luego de la Guerra de Sucesión Española, por ejemplo), de modo tal que para la muerte de Fernando VII en 1833, sólo se encontraban en vigencia los fueros del aún entonces Reino (dentro de la monarquía española) de Navarra, y los de las tres provincias que hoy componen la Comunidad Autónoma Vasca (Vizcaya, Guipúzcoa y Álava).

El objetivo de este trabajo es observar la relación entre el movimiento Carlista y la defensa de las instituciones y privilegios forales en lo que hoy se conoce como País Vasco durante la Segunda Guerra Carlista, tomando en cuenta el fuerte apoyo que el Carlismo encontró en dichas regiones durante ambas guerras civiles y al hecho de que una de la principales consecuencias de la derrota del bando del pretendiente en la Segunda Guerra consistió en la abolición de lo últimos sistemas forales remanentes en el año 1876.

En este sentido, la pregunta que surge es en qué medida el programa carlista de la Segunda Guerra incluía la defensa y el sostenimiento del régimen foral en su programa político de restablecimiento del absolutismo, y en qué manera las Provincias Vascas comprometieron su mayoritario apoyo (no total) a la causa del absolutismo, motivadas por la defensa de sus instituciones forales en este conflicto.

Antecedentes: El debate por el régimen foral anterior a la Primera Guerra Carlista

No siendo el objetivo de este trabajo desarrollar a cabalidad los regímenes forales y sus distintas particularidades, nos enfocaremos en este apartado fundamentalmente en aquellos aspectos que pudiesen darnos luces previas sobre la importancia que adquirió el debate de los fueros durante el conflicto carlista. En este sentido, es muy útil la aportación de un reconocido castellanista y conservador como Gonzalo Martínez Díez, quien afirma que luego de la unión definitiva de los reinos de Aragón y Castilla en el año 1516, que daría nacimiento a lo que conocemos como Monarquía Española “durante más de dos siglos todo el peso fiscal de la Monarquía se va a volver casi exclusivamente sobre el Reino de Castilla que será sistemáticamente, esquilmado y empobrecido por los excesivos y desproporcionados impuestos de los que se verán libres en cambio los otros reinos de la Monarquía como Navarra, Cataluña, Valencia y Mallorca” (Martínez Diez, 1976, p.18). Esta situación habría cambiado tras la Guerra de la Sucesión Española, en la que buena parte de los antiguos reinos vieron sus fueros abolidos, pero mantuvieron ciertos regímenes tributarios diferenciados (p.22).

De este mismo modo, podemos observar que ya en las postrimerías del siglo XVIII se habían realizado esfuerzos conducentes a la abolición de los fueros restantes (Navarra y las Provincias Vascas) por parte de élites políticas españolas como parte del esfuerzo centralizador emprendido por los borbones y sobre todo bajo el ministro Manuel Godoy, quien lanzó una ofensiva política “con el objeto de extender la política de centralización borbónica a Vascongadas y Navarra, y acabar con la excepcionalidad de sus exenciones fiscales y militares” (Sánchez-Prieto, 2012, p.106). Así, el debate foral acabó por convertirse, en el tránsito del siglo XVIII al XIX, en una auténtica cuestión de Estado”. Debido al hecho de que estas provincias habían apoyado a los Borbones en la Guerra de Sucesión, se habían salvado de la ola centralizadora que se impuso sobre los demás territorios, constituyendo de este modo un particularismo considerado como una de las expresiones fundamentales del Antiguo Régimen. La iniciativa tomada por Godoy contra el Régimen foral en 1794-1796 (…) “se trataba sobre todo de una exigencia impuesta por la lógica uniformadora ilustrada” (ibid.).

De este modo, podemos observar que ya desde finales del siglo XVIII el proyecto ilustrado español intentaba socavar las muestras de particularismo administrativo con el fin de imponer un sistema centralizado “a la francesa”. Este proyecto encontraría expresión en 1812 con la Constitución de Cádiz, redactada durante la reclusión de Fernando VII en Francia; esta nueva Carta Magna estableció en su articulado diversas disposiciones para acabar con los privilegios forales. Un ejemplo de esto se encuentra en el artículo 339, el cual estipula que “Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno” (Martínez Díez, pp.34-35) . Ahora bien, la restauración del absolutismo bajo Fernando en la década de los 20 dejó sin efecto las disposiciones de esta Constitución y sería ésta la situación que se prolongaría en las Provincias forales hasta la disputa dinástica que sucedió a la muerte del Rey y que estallaría en la Primera Guerra Carlista en 1833.

El carlismo

Aunque a primera vista el levantamiento carlista aparece relacionado con el conflicto generado por los esfuerzos de Carlos María Isidro de Borbón de suceder a su hermano Fernando como Rey en desmedro de Isabel, hija de éste, es evidente que la menor de las preocupaciones de los partidos y bandos políticos de la época era el nombre del rey o la reina. Lo fundamental, en cambio, se encontraba en las fuerzas y doctrinas políticas y religiosas que se planteaban para el futuro del Estado y que cada uno de los bandos en pugna encarnaba en la figura de la sucesión 

Un primer paso relevante para comprender el fenómeno del carlismo en la España del siglo XIX es enmarcarlo dentro del contexto europeo de la época. De este modo, podemos dejar establecido que “el carlismo forma parte de esta categoría más general que se ha venido en denominar contrarrevolución, presente en el siglo XIX en la mayor parte de los estados de Europa Occidental. Liberalismo y revolución eran los principales enemigos de estos movimientos contrarrevolucionarios” (Canal, 2005, p.46). Así, “La causa carlista expresaba el mantenimiento de la tradición y el combate con el liberalismo y todo aquello que éste significaba y comportaba, tanto en la realidad como a nivel abstracto.” (ibid, p.47)

A todo esto Jesús Millán (2000) agrega que “La defensa del autoritarismo, como contrapunto del inestable poder soberano y de la emancipación de la razón con respecto a los compromisos de la historia y la religión establecida, venía a restringir el proyectismo característico de toda ideología de progreso, interesada en mejorar mediante la política la suerte de la sociedad” (p.25). De este modo, podemos observar que la disputa dinástica sobre la sucesión de Fernando VII era simplemente la creación de un referente político partidario sobre el cual llevar a cabo demandas mucho más profundas para la construcción ideológica y social del Estado español. En este punto está de acuerdo Pedro Rújula (2014), quien, citando a Julio Aróstegui, afirma que “la problemática política ocupa en el carlismo un lugar de menor rango del que con frecuencia se le adjudica. A lo que el carlismo está verdaderamente ligado es a las transformaciones sociales que llevaba aparejadas la nueva economía liberal capitalista” (p.8). Es así como el autor enfatiza en el hecho de que el ideario ideológico del carlismo ya provenía de los años anteriores a la disputa dinástica, salvo el elemento legitimista (p.9) que, como ya hemos dicho, habría ejercido únicamente como detonante político de un conflicto ya existente.

Ahora bien, ¿por qué motivo el carlismo habría encontrado un espacio tan fértil de implantación y crecimiento en las Provincias Vascas? De acuerdo con lo planteado por Coro Rubio, el mayoritario apoyo vasco a la causa del primer carlismo se debería al “impacto del proceso revolucionario liberal español en la sociedad vasca de la época y al enfrentamiento que generó entre dos concepciones radicalmente distintas (…). Aquella fue una contienda entre dos mundos antagónicos enfrentados desde comienzos de siglo, y sobre todo desde los años veinte: de una parte el mundo tradicional (articulado en torno al Antiguo Régimen foral y fundado en valores tales como la solidaridad, el respeto por el orden jerárquico establecido y la profunda religiosidad de la población) y por otro lado, el nuevo orden que preconizaba el liberalismo y  l’ais du temps, definido como el individualismo burgués, el laicismo y el concepto burgués de la propiedad”(Rubio, 2000, pp.66-67).

De este modo, se observa que  al menos en los sectores rurales y más conservadores (y por lo tanto, menos insertos en las nuevas dinámicas económicas) de las Provincias Vascas existía una notable similitud de factores ideológicos con la causa carlista. Al menos en cuanto a la búsqueda por reestablecer un orden que se consideraba inviolable y por evitar las rápidas transformaciones sociales y económicas que en esos tiempos ya comenzaban a percibirse como una amenaza a un estilo de vida comunitario y creyente.

Ahora bien, pese a que esta comunión ideológica entre el bando carlista y los sectores conservadores de las Provincias Vascas tendería lógicamente a una alianza en caso de conflicto, esto no quiere decir que la causa por la cual las Provincias combatieron fuera únicamente por la supervivencia de su régimen foral. Es más, como lo sostiene Alfonso Bullón (1988) “el alzamiento de 1833 en Navarra y las Vascongadas no es foralista, sino legitimista, como lo era en el resto de España” (P.291). Aunque esto no quiere decir ni mucho menos que la defensa de los fueros estuviera subsumida y desapareciese totalmente ante la lucha por la defensa del Altar y el Trono, si no que se consideraba que la defensa del Altar y el Trono sería la defensa del orden foral ante la emergencia de un nuevo orden revolucionario que lo amenazaba. De hecho “El carlismo es ideológicamente foralista y a través de cualquier narración de la guerra puede observarse como en la medida en que  lo permitían las circunstancias trató de serlo también en la práctica.” (P.292.)

No es la intención de este trabajo desarrollar a cabalidad los hechos que ocurrieron durante la Primera Guerra Carlista. Basta con decir que el bando sublevado fue derrotado y las Provincias Vascas, tanto sectores que apoyaron en un comienzo al bando Carlista como los grupos que, desde el liberalismo, concebían la posibilidad de la existencia de un régimen foral bajo un orden liberal, se encontraron en la necesidad  de levantar un discurso que permitiese “separar las causas del carlismo y de los fueros pues (…) todos los vascongados con muy cortas excepciones son fueristas” (Sánchez-Prieto,p.113). Será esta lógica la que permitirá negociar (con el rechazo en los sectores más extremos del carlismo) con el Gobierno victorioso y firmar la paz en el denominado “Abrazo de Vergara” (1839), que luego encontraría expresión legal en la Ley de Confirmación de Fueros del 25 de octubre de ese mismo año.

La ley de 1839 y el Régimen Neoforal

La denominada Ley de Confirmación de Fueros consta de dos artículos que serán la base de la discusión política e ideológica sobre el régimen foral hasta el estallido de la Segunda Guerra Carlista. 

En primer lugar, estipulaba que “se confirman los Fueros de las Provincias Vascongadas y de Navarra sin perjuicio de la unidad constitucional de la Monarquía”. Y luego, en su artículo 2 establecía que “el Gobierno, tan pronto la oportunidad lo permita, y oyendo antes a las provincias Vascongadas y a Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados fueros reclame el interés de las mismas, conciliándolo con el general de la Nación y de la Constitución de la Monarquía”.   

La importancia de esta legislación para lo que nos interesa se encuentra en dos aspectos: en primer plano, da pie a una completa revisión ideológica sobre el fuerismo en las Provincias Vascas, permitiendo que desde el liberalismo se pueda generar una correlación y un complemento lógico entre la existencia de una Constitución igualitaria y que regule la totalidad de la estructura estatal española y la existencia de fueros en determinados territorios. Todo esto permite separar la defensa de los fueros vascos de los planos tradicionalistas y clericales en los cuales se habían enmarcado previamente.

En segundo lugar, lo estipulado por el artículo segundo dará pie a una serie de disputas sobre el significado de este “arreglo foral” planteado que con respecto a las Provincias Vascas no llegará a solución alguna hasta 1876 (pese a las reformas de Espartero en 1841, que derogaron algunas atribuciones forales). Con respecto a Navarra, se llegará a un acuerdo con el ejecutivo central que culminará con la Ley de 1841, que abolirá el régimen foral del hasta entonces reino, incorporándose desde ese momento como provincia de España con determinados conciertos económicos y administrativos. 

Con respecto al primer punto, la revisión ideológica y la confirmación legal de las instituciones forales permitieron que, a través del acercamiento entre los sectores moderados del liberalismo y carlismo, se consolidara en el País Vasco la “creación de un bloque en el poder empeñado en la defensa de la autonomía provincial” (Urquijo, 1998, p.166). Así se dejó fuera a los remanentes más radicales del carlismo derrotado. 

La existencia de una práctica unanimidad respecto a la defensa del régimen foral por parte de los distintos sectores del espectro político de las Provincias Vascas terminaría generando a lo largo del periodo intermedio entre ambas Guerras Carlistas un verdadero discurso en torno al Fuero. Este, “no sólo encarnará un marco jurídico que reportaba ventajas a los habitantes de estos territorios, sino que fue transformado en una idea clave, flexible y adaptable a diversas ideologías. En base a esta idea, la sola posibilidad de supresión del régimen foral por parte del Estado provocaba una reacción en torno a su defensa que hacía que las diferentes formaciones políticas del País Vasco diluyeran su ideario particular a favor de declararse como fueristas” (Fínez, 2013, p.25). 

De este modo Fínez asevera que estos años observaron el surgimiento de una verdadera cultura foral en las provincias, donde la exaltación del fuero se debería a, por un lado, demostrar la resistencia ante cualquier intento uniformador por parte del gobierno central y, por el otro, reflejar la intensa pugna por parte de los diversos partidos y movimientos por apropiarse de dicha resistencia. (P.26)

Así, desde las propias élites dirigentes se logró construir un discurso que “logró recuperar el equilibrio social roto en la primera mitad del siglo y generar un grado de consenso en torno a los fueros inédito hasta el momento” (Rubio, p.74). Todo esto junto con esfuerzos por controlar y pacificar al clero, el sector indudablemente más contrarrevolucionario del espectro social vasco de la época (p.72). De manera tal que las Provincias Vascas alcanzaron un nivel de estabilidad excepcional en un periodo en el que el resto del Estado español no lograba afirmarse y las pugnas entre sectores progresistas, moderados y algunas intentonas carlistas no daban tregua al orden institucional. 

Sin embargo, los vientos de la política española también avanzaban a su ritmo, si bien durante un buen número de años (aproximadamente hasta 1850) el mismo orden político liberal concibió la compatibilidad entre Constitución y Fueros como una expresión de la idea de una España plural. No obstante, luego de 1850, la demora en el arreglo estipulado por la ley de 1839 y cambios doctrinarios en los principales partidos políticos de Madrid, en los cuales se aprecia “el avance del nacionalismo español, la emergencia de un nuevo paradigma cultural positivista y el auge de las ideas igualitarias y democráticas” (Sanchez-Prieto, p.121), construyeron la idea “de una España uniforme, identificada con la vía centralista y unitaria” (ibid.). 

Esta idea de España  era incompatible con la mera idea de la existencia de un régimen jurídico, administrativo, fiscal y que incluyera la exención militar como lo era un País Vasco bajo el régimen foral.

Pero no sería simplemente el resurgimiento del debate sobre los fueros vascos dentro de la escena política española y en las discusiones entre juristas el factor fundamental que conllevaría a la abolición final del sistema foral en el año 1876, sino al hecho de que la ya mencionada estabilidad institucional de las Provincias Vascas se derrumbó por el resurgimiento del carlismo como fuerza política dirigente en el territorio (luego de su marginación por las demás fuerzas), sobre todo a partir de 1868, y del nuevo alzamiento en armas que terminaría con la Segunda Guerra Carlista.

El resurgimiento carlista en el Sexenio Democrático y los fueros durante la Segunda Guerra Carlista

El Sexenio Democrático surgido en 1868 con el destronamiento de Isabel II abre una etapa compleja para la historia del País Vasco, cuyas fuerzas políticas hegemónicas hasta el momento no fueron capaces de seguir manteniendo la neutralidad en los asuntos del Estado español y no lograron mantener el equilibrio estabilizador en torno a la “cultura foral” que tan buenos resultados había aparejado hasta ese momento.

El origen de este quiebre del equilibrio hay que encontrarlo dentro del imponente programa de reformas que llevó a cabo el gobierno republicano desde Madrid, sobre todo aquellas que, promoviendo leyes laicas (como la tolerancia religiosa y el matrimonio civil), afectaron algunos de los aspectos fundamentales de la sociedad española y, con muchísima fuerza, en las religiosas Provincias Vascas. Es así como “La revolución democrática, que triunfó en España en 1868, al afectar el rígido confesionalismo del País Vasco, fue vivida por parte de sus habitantes como un reto directo al orden social” (Millán, p.28). 

Estos golpes al orden social vasco propiciaron un nuevo auge del movimiento que hasta entonces había sido contenido por el bloque liberal moderado en las Provincias y que había establecido la cultura foral vasca. De hecho, “cuando las circunstancias políticas cambiaron a partir de 1868, las instituciones forales, la prensa y la intelectualidad del fuerismo moderado son absorbidas por el carlismo, que se presentó como un fuerismo tradicionalista y como el único capaz de asegurar el mantenimiento del orden social vasco” (Fínez, p.28). 

Esta transición y este renacimiento de la apropiación carlista de la idea foral es de extraordinaria importancia, ya que remarca el retorno al concepto tradicional de los fueros como el orden social erigido con respeto a las jerarquías sociales y a las instituciones religiosas que se oponía al individualismo y a la incertidumbre del avance liberal. Abandonándose de ese modo la idea de los fueros como el pacto democrático y libre que permitía la existencia de un régimen diferenciado en un territorio que otorgaba derechos a los individuos que lo habitaban dentro del marco de una Constitución que, siendo unitaria, lo respetaba y protegía.

Así, con el avance de este segundo carlismo “La cuestión religiosa estaba íntimamente unida a lo foral, religión y fueros, los dos pilares de la tradición vasca, caminaban al unísono, de manera que las afrentas cometidas contra uno de los elementos del binomio eran también afrentas contra el otro” (Rubio, p.80). 

Ahora bien, para el carlismo esta combinación no era igualitaria ni mucho menos, el orden de prelación y de dependencia estaba claro para los dirigentes e ideólogos de este movimiento: “Antes Dios que los Fueros (…) en efecto, para el carlismo vasco la defensa de los fueros estaba claramente supeditada a la defensa del catolicismo que era el primero de sus fueros” (p.81). Es en este contexto en el que, al dar Carlos de Borbón la orden de sublevación a sus partidarios en abril de 1872, prácticamente la totalidad de las Provincias Vascas (salvo, una vez más, las ciudades principales) adhirieron a la causa del pretendiente, nieto del protagonista de la Primera Guerra.

Con respecto a los sectores liberales vascos, vieron rápidamente mermada su posición mientras la radicalización religiosa llevaba a pasos agigantados hacia la guerra y se “esforzaban con poco éxito en hacer ver a las personalidades y a la población del campo carlista que una nueva guerra civil terminaría con los fueros. Cuestión distinta es si la perspectiva de perder las instituciones propias como consecuencia de la insurrección inquietaba demasiado a los carlistas que ya en las postrimerías del reinado de Isabel II habían escuchado el grito de Perezcan los fueros con tal de que se salven las almas.” (Monreal, 2013, p.60) 

No es la intención de este trabajo desarrollar a profundidad los pormenores del conflicto bélico conocido como Segunda Guerra Carlista, basta con mencionar que desde el principio resultó ser un desastre para las tropas sublevadas. Ya en 1872 se dieron los visos en Amorebieta para llegar a un acuerdo similar al que se llegó en 1839 en Vergara. Sin embargo, esta vez los altos mandos de ambos bandos (incluyendo el carlista), rechazaron el acuerdo y la guerra continuó, retrasando su culminación por diversas problemáticas que afectaron al gobierno y al ejército. 

Hasta que, finalmente restaurada la monarquía borbónica bajo Alfonso II, el triunfo del bando oficialista era evidente e irreversible, y en enero de 1875  “en el caso de que los carlistas abandonaran las armas, el rey prometió mantener los Fueros vascos en el estado en el que se hallaban en el reinado de su madre Isabel II” (p.62).

Esta vinculación del futuro de los fueros vascos con el bando carlista resultaría fatal para el destino del régimen foral, dado que los carlistas no depusieron las armas hasta el año siguiente, sin pacto foral alguno. Y cualquier esfuerzo realizado por los liberales vascos por desligar la defensa foral de la causa carlista terminó siendo completamente infructuoso. El régimen vasco de fueros no iba a ser perdonado una segunda vez, ese mismo año (1876) se dictó y se aprobó la ley que finalmente acabaría con el régimen foral de las Provincias Vascas. 

¿Hasta qué punto se puede achacar al carlismo la abolición de los Fueros vascos? Más allá de la derrota militar y política “la acusación más grave dirigida al carlismo es la de no haber aprovechado las oportunidades que se presentaron durante la contienda, pérdida de antemano, de salvar los Fueros (…) es decir, de supeditar hasta el final el interés de los Fueros a la causa de Carlos VII” (Monreal, p.69). Ahora bien, es necesario recordar que la causa de Carlos VII era una causa que abarcaba la totalidad del Estado español, por lo tanto, la situación particular de los fueros vascos era sólo una pieza más (importante por cierto, al ser el País Vasco y Navarra sus principales bastiones políticos y militares) dentro de todos los objetivos que se había planteado y los factores que debía considerar. Es más, el pretendiente asistió a jurar los fueros en el año 1875 y “en el campo carlista se mantuvo y se organizó el sistema foral” (Ibid).

Un elemento importante para comprender la velocidad con la que, una vez acabada la guerra, se produjera la abolición legal de los Fueros, se encuentra en el hecho de que se llegó, por parte de las elites políticas de Madrid a la concepción de que “si en la primera guerra la separación de las cuestiones fueristas y carlista trajo la paz con la Constitución y los Fueros, en la segunda la identificación que se produjo entre carlismo y fueros como motivo de la guerra, empujó a la supresión de los fueros como requisito previo para construir la paz” (Sanchez-Prieto, p.146). 

Así, pese a que no había sido la totalidad de las Provincias Vascas partidaria de la insurrección y que otras provincias y territorios también se habían sumado al bando del pretendiente, desde el Estado español se resolvió la necesidad de acabar con este particular sistema de privilegios y exenciones con el fin de asegurar, de una vez, la paz por medio de la unidad constitucional.

Conclusiones

La derrota carlista resultó ser la detonante de la abolición del régimen foral de las Provincias Vascas, y la búsqueda definitiva de la paz a través de la unidad constitucional fue el objetivo buscado con la legislación, además del castigo a un territorio que se había sublevado ya dos veces en la última centuria. 

Sin embargo, nos parece que los motivos reales de la supresión de los fueros vascos reposan en un aspecto mucho más profundo que la igualdad de cargas y derechos entre los españoles, sobre todo cuando la histórica tradición pactista del constitucionalismo español dio pie a que, apenas dos años después de la abolición foral, se negociaran y pactaran los primeros Conciertos Económicos de las tres provincias vascas, reduciendo la carga tributaria de estos territorios.

En realidad, proponemos que la abolición final de los fueros vascos corresponde a la necesidad del Estado español de acabar de una vez por todas con los últimos reductos de resistencia al proyecto modernizador del capitalismo liberal que décadas atrás ya había sido emprendido por buena parte de Europa y del cual el Estado español no deseaba quedarse atrás. En este sentido, la existencia de espacios de autonomía política y fiscal en territorios donde aún hubiese un significativo porcentaje de población que estuviese dispuesta a partir a la guerra por defender valores del Antiguo Régimen (unidad religiosa, autoridad eclesiástica, jerarquía estamental, etc.) constituía un riesgo latente de nuevas insurrecciones.

La tragedia del carlismo vasco en tiempos de la Segunda Guerra es precisamente el hecho de que intentó construir su proyecto histórico en un contexto en el cual todos los vientos de la economía y la ideología a nivel mundial soplaban para otro lado. En el fondo, se constituyó como un movimiento desesperado de reacción ante la incertidumbre de los rápidos cambios que la conservadora sociedad vasca (sobre todo los sectores rurales) no estaba dispuesta a asumir fácilmente. El precio fue su desaparición como fuerza política de primer orden a nivel español y vasco, y la derogación de uno de los pilares en los cuales asumió su identidad, el régimen foral.  

Dos décadas después, el ideario fuerista vasco sería reestructurado por Sabino Arana, transformando el lema fuerista Jaungoikoa eta foruak (“Dios y Fueros”) en Jaungoikoa eta lege zaharra (“Dios y la Vieja Ley”) y  fundando en 1895 el Partido Nacionalista Vasco.

Bibliografía:

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-Martínez Díez, G.  (1976). Fueros sí, pero para todos. Silos.

-Millán, J. (2000). Popular y de orden: la pervivencia de la contrarrevolución carlista. Ayer, 15-34.

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