«No a la Guerra»: La disidencia de principios de España en la Crisis de Irán de 2026

I. Marco teórico: política exterior normativa y política interna como lentes complementarias

El comportamiento de los Estados en las crisis internacionales se ha explicado a través de una variedad de marcos teóricos, desde los cálculos materialistas del realismo hasta las preferencias institucionales del liberalismo. Para un Estado como España, ni una gran potencia con alcance militar global ni un Estado pequeño sin influencia sistémica, sino una democracia de tamaño mediano con un peso regional significativo, membresía en la OTAN y una historia reciente de participación traumática en operaciones militares dirigidas por Estados Unidos, ni el realismo puro ni el institucionalismo puro proporcionan un poder explicativo adecuado. La crisis de Irán de 2026 exige un marco sensible tanto al contenido ideacional de la política exterior como al entorno político interno dentro del cual se toman las decisiones de política exterior.

La Teoría Normativa de la Política Exterior, asociada con académicos como Ian Manners, cuyo concepto de la Unión Europea como un «poder normativo» se ha extendido al comportamiento de la política exterior de los Estados europeos individuales, sostiene que ciertos Estados organizan su conducta internacional en torno a principios legales y humanitarios en lugar de cálculos de intereses materiales. Estos Estados, a veces denominados «poderes de principios» o «empresarios de normas«, buscan moldear el comportamiento internacional demostrando una adhesión constante a las reglas, incluso a un costo material para ellos mismos.

La afirmación teórica no es que estos Estados sean altruistas; es que han calculado, a menudo sobre la base de la experiencia histórica, que su influencia y credibilidad a largo plazo dependen mejor de la coherencia de principios que de la flexibilidad situacional.

España bajo Pedro Sánchez exhibe muchas de las características de un actor normativo de política exterior: fue uno de los primeros Estados de Europa occidental en reconocer la condición de Estado palestino, ha invocado constantemente el derecho internacional humanitario en sus críticas a las operaciones israelíes en Gaza, se negó a respaldar la operación estadounidense extralegal que capturó a Nicolás Maduro en enero de 2026, y ahora, a un costo económico y de alianza significativo, ha condenado la Operación Furia Épica como un atropello del derecho internacional.

La Teoría de la Política Interna, desarrollada de manera más influyente por Robert Putnam en su marco de «juego de dos niveles», sostiene que las decisiones de política exterior están moldeadas simultáneamente por restricciones internacionales e incentivos políticos internos. Un gobierno que negocia o responde a una crisis internacional no es un actor racional unitario que opera puramente sobre la lógica sistémica; es una coalición política que maneja distritos electorales nacionales en competencia, cálculos electorales y memorias históricas que limitan el rango de posiciones internacionalmente aceptables.

La idea de Putnam de que lo que parece ser intransigencia internacional a menudo es un comportamiento racional a nivel nacional, es directamente aplicable a la postura del gobierno de Sánchez sobre Irán. Comprender por qué España ha adoptado la posición más confrontativa hacia Washington que cualquier otro miembro de la OTAN requiere comprender no sólo lo que Sánchez cree sobre el derecho internacional, sino también lo que cree el electorado español, lo que requiere la coalición gobernante y lo que exige la memoria histórica.

La combinación de estos dos marcos genera un conjunto de expectativas analíticas que son confirmadas por el registro empírico: que España invocará principios legales de manera consistente en diferentes contextos de conflicto; que estas posiciones de principios se correlacionarán con la ventaja electoral interna; que el flanco izquierdo de la coalición gobernante permitirá y restringirá el grado de confrontación con Washington; y que la memoria histórica de la guerra de Irak de 2003 servirá como un punto de referencia constante para legitimar la política actual. Cada una de estas expectativas se confirma con una claridad inusual en la crisis de 2026.

II. La Guerra de Irak de 2003: La memoria histórica como ADN de la política exterior

Ningún análisis de la política exterior española contemporánea puede continuar sin confrontar la experiencia fundacional de la guerra de Irak de 2003, cuyas consecuencias políticas continúan estructurando las actitudes españolas hacia las intervenciones militares lideradas por Estados Unidos con una franqueza que pocas democracias europeas ha mantenido durante tanto tiempo. La guerra de Irak no influyó meramente en la política exterior española, destruyó un gobierno y creó una plantilla política que ha definido los límites de una alineación internacional aceptable para los actores políticos españoles a lo largo de las dos décadas posteriores.

En febrero y marzo de 2003, el Primer ministro José María Aznar, del Partido Popular de centroderecha, comprometió a España a apoyar la invasión de Irak liderada por Estados Unidos ante la oposición explícita de aproximadamente el 90% del público español, el nivel más alto de opinión pacifista registrado en cualquier país participante. Las manifestaciones del 15 de febrero de 2003, que sacaron a millones de personas a las calles de las ciudades españolas, constituyeron uno de los periodos con mayor movilización de protesta en la historia democrática española. La decisión de Aznar de alinearse con Washington y Londres a pesar de esta oposición se basó en el cálculo de que la guerra sería corta, exitosa y rápidamente reivindicada, un cálculo que la ocupación posterior confirmó que estaba catastróficamente equivocado.

Cuando los atentados con bombas en los trenes de Madrid del 11 de marzo de 2004 dejaron 191 víctimas y casi 2.000 heridos, el gobierno entrante de Zapatero atribuyó los ataques en parte a la participación de España en una guerra ilegítima que había generado un nuevo reclutamiento yihadista en todo el mundo musulmán. El Partido Popular perdió las elecciones generales celebradas tres días después de los atentados en circunstancias que hicieron políticamente imborrable la conexión entre la decisión de Irak y la derrota electoral, independientemente de las complejidades causales que ha introducido el análisis posterior.

La lección política que la izquierda española extrajo de esta experiencia fue inequívoca y duradera: la alineación incondicional con las aventuras militares estadounidenses a expensas del derecho internacional y la opinión pública no sólo es moralmente incorrecta sino electoralmente fatal. Esta lección ha sido absorbida tan a fondo en el ADN político del progresismo español, que funciona menos como un cálculo de política que como una restricción reflexiva de un conjunto de límites; dentro de los cuales cualquier gobierno de centro izquierda debe operar si desea mantener la coalición de votantes. Puesto que, para dichos votantes, la guerra de Irak sigue siendo el ejemplo paradigmático de cómo se ve la intervención militar ilegítima.

Cuando Sánchez dijo a los periodistas en marzo de 2026 que el conflicto de Irán corría el riesgo de repetir «los errores del pasado» y que sus consecuencias, desde el terrorismo yihadista hasta los picos de precios de la energía, serían tan nebulosas y costosas como las de Irak; no estaba haciendo una afirmación analítica cuya validez pudiera evaluarse en cuanto al fondo. Estaba activando una memoria política cuyo poder emocional en el electorado español es independiente de cualquier evaluación probatoria particular de la situación actual.

El paralelo de 2003 también explica un rasgo específico de la posición actual de España que lo distingue de otros críticos europeos de la Operación Furia Épica: la combinación de condena explícita de la operación con oposición igualmente explícita al régimen iraní. Sánchez se ha esforzado por afirmar, repetidamente y en términos directos, que su gobierno se opone a los ayatolás, considera odioso al régimen iraní y apoya las aspiraciones de libertad de la población iraní.

Esta formulación que reproduce la estructura del argumento formulado por los opositores a la guerra de Irak en 2003, quienes insistieron en que la oposición a la invasión no implicaba apoyo a Saddam Hussein; cumple la función política interna de aislar al gobierno de la acusación de que su posición contra la guerra equivale a simpatía proiraní. Es simultáneamente una afirmación normativa de principios (que condenar a un régimen y condenar una intervención militar ilegal en su contra son totalmente compatibles) y un posicionamiento políticamente necesario que impide a los opositores de Sánchez explotar la evidente vulnerabilidad de un gobierno que, en efecto, está bloqueando la acción militar contra un adversario que ha atacado a nueve países de la región.

III. La doctrina de política exterior de Sánchez: la coherencia como opción estratégica

La crisis de Irán no surgió de un vacío. Es la expresión más dramática de una orientación de política exterior que se ha desarrollado consistentemente a lo largo de los múltiples mandatos del gobierno de Sánchez y que ha generado fricciones con Washington, Bruselas y Tel Aviv mucho antes de que comenzara la Operación Furia Épica. Entender esta orientación como una doctrina estratégica coherente en lugar de una serie de gestos oportunistas es fundamental para evaluar el comportamiento probable de España en la resolución de la crisis actual y en futuras emergencias internacionales.

La doctrina Sánchez se basa en cuatro principios fundamentales que son visibles en una variedad de dominios de políticas. El primero es el estricto cumplimiento del derecho internacional como una restricción no negociable sobre el comportamiento de los Estados, incluido el comportamiento de los Estados aliados. Este principio se ha aplicado con una consistencia que cruza líneas ideológicas: Sánchez invocó el derecho internacional al oponerse a la invasión rusa de Ucrania, al condenar las operaciones israelíes en Gaza, al negarse a reconocer la legalidad de la captura estadounidense de Maduro y al rechazar la Operación Furia Épica.

La consistencia es analíticamente significativa porque demuestra que el principio es genuinamente normativo en lugar de estratégicamente selectivo, se aplica independientemente de si el Estado violador es un adversario (Rusia) o un aliado (Estados Unidos e Israel).

El segundo principio es lo que la oficina de Sánchez ha descrito como una «vocación pacifista» arraigada en la opinión pública española. Las encuestas internas de Moncloa muestran consistentemente que los españoles se encuentran entre los públicos más pacifistas de Europa. Una encuesta de Eurobazuka publicada en febrero de 2026 encontró que el 53% de los españoles se oponía a la política exterior de Trump, la tercera tasa de oposición más alta de Europa después de Francia y Bélgica. La implicación política es que un gobierno que se alinea con las operaciones militares estadounidenses, incurre en costos internos que un gobierno que se opone a ellos no incurre. Generando una asimetría que crea incentivos estructurales para el posicionamiento de confrontación, incluso en ausencia de una convicción de principios. El gobierno de Sánchez tiene tanto la convicción como el incentivo electoral, razón por la cual sus posiciones pacifistas se han mantenido con tanta consistencia y confianza.

El tercer principio se refiere a la relación de España con la política israelí en los territorios ocupados y Gaza. España bajo Sánchez ha sido una de las críticas europeas más consistentes de las operaciones militares israelíes, reconociendo la condición de Estado palestino en mayo de 2024 junto con Irlanda, Eslovenia y Noruega, negándose a permitir que los buques de transporte de armas con destino a Israel atraquen en los puertos españoles y describiendo las operaciones israelíes en Gaza como genocidio. Esta fue una caracterización que ningún otro gobierno europeo occidental de peso normativo ha adoptado oficialmente.

Este posicionamiento ha generado fricciones con Israel, Estados Unidos y algunos socios de la UE, pero también le ha dado a Sánchez una credibilidad con las audiencias árabes, de mayoría musulmana y del Sur Global de la que carecen la mayoría de los líderes europeos. Cuando España condena la Operación Furia Épica, su condena tiene peso en esas audiencias precisamente porque su apoyo a los derechos palestinos se ha demostrado durante años de costosas decisiones políticas, no simplemente declarado en momentos de crisis.

El cuarto principio se refiere a la relación de España con la política exterior estadounidense de la era Trump de manera más amplia. Sánchez ha rechazado constantemente lo que describe como «obediencia ciega y servil» a las preferencias de Washington, una formulación que invoca deliberadamente la tradición gaullista de la independencia europea al tiempo que la aplica desde una perspectiva histórica específicamente española. La negativa de España a cumplir con el objetivo de gasto en defensa del cinco por ciento del PIB de la OTAN, su oposición a la captura de Maduro, su posicionamiento en Gaza y ahora su postura sobre Irán; forman un patrón coherente de incumplimiento selectivo de las preferencias estadounidenses que se ha ido acumulando durante el segundo mandato de Trump. El propio encuadre del gobierno de este patrón es explícitamente demoscópico: fuentes de Moncloa han dicho a medios españoles que consideran electoralmente ventajosa la narrativa de Sánchez como «la principal figura europea de oposición a las políticas de Trump» y están «dispuestos a explotarla».

IV. La situación interna iraní: la posición de España ante las protestas y la sociedad civil

El marco normativo de política exterior de España no se traduce en indiferencia hacia las aspiraciones políticas de la población iraní o el historial de derechos humanos de la República Islámica. Esta dimensión del posicionamiento español, frecuentemente oscurecida por la atención dedicada a la postura antibelicista de España, merece un análisis cuidadoso porque revela la coherencia interna de una doctrina que de otro modo podría parecer contradictoria.

El gobierno de Sánchez ha expresado su solidaridad explícita con los movimientos de protesta iraníes que estallaron en diciembre de 2025 y que en el momento de la Operación Furia Épica se habían convertido en el mayor levantamiento popular contra la República Islámica desde la revolución de 1979. El canciller José Manuel Albares calificó las protestas de diciembre como «una expresión valiente de la aspiración del pueblo iraní a la libertad y la dignidad» y pidió a las autoridades iraníes que «respeten los derechos fundamentales de los manifestantes, incluido el derecho de reunión pacífica y la libertad de expresión«. España copatrocinó una resolución del Parlamento Europeo que condenaba la violenta represión de las protestas por parte del gobierno iraní y pedía sanciones selectivas contra los funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos.

Este apoyo a la sociedad civil iraní refleja la coherencia normativa que caracteriza la política exterior española bajo Sánchez: los mismos principios que condenan la intervención militar como una violación de la soberanía del Estado también condenan la supresión de la oposición política interna como una violación de los derechos individuales. Las dos posiciones no están en tensión dentro del marco normativo que derivan de la misma fuente, a saber, la primacía del derecho internacional de los derechos humanos y la ilegitimidad tanto de la coerción militar externa como de la represión política interna. Sánchez ha hecho explícita esta coherencia en sus declaraciones públicas, señalando repetidamente que la oposición de España a la Operación Furia Épica no significa apoyo al Gobierno de Irán, y que el verdadero cambio democrático en Irán solo se puede lograr a través del propio pueblo iraní en lugar de ser impuesto por la fuerza militar externa.

La relevancia analítica de esta postura radica en sus implicaciones para la probable trayectoria de la política española en caso de que el conflicto actual produzca un cambio de régimen en Irán. Un gobierno posterior a la República Islámica que surja de una genuina movilización popular probablemente recibiría un rápido reconocimiento y compromiso diplomático español, particularmente si demostrara compromiso con las normas democráticas y los derechos humanos. El historial de España de reconocer la condición del Estado palestino ante la mayoría de los socios europeos sugiere una voluntad de adelantarse al consenso de la UE sobre cuestiones de reconocimiento cuando las consideraciones normativas se alinean con la oportunidad política. El escenario de Irán proporcionaría exactamente este tipo de alineación.

V. España y la crisis de las bases: soberanía, alianza y los límites del apalancamiento estadounidense

La expresión más consecuente en términos operacionales de la política española hacia Irán ha sido su decisión de impedir el uso de las bases militares operadas conjuntamente en Rota y Morón en Andalucía para operaciones estadounidenses contra Irán. Esta decisión, que obligó a quince aviones militares estadounidenses, incluidos petroleros KC-135, a abandonar territorio español, representa la confrontación más directa entre España y Estados Unidos desde la transición a la democracia, y merece un análisis cuidadoso tanto como decisión política como caso de prueba de los límites de la influencia estadounidense sobre los aliados europeos.

La base legal de la decisión de España se fundamenta en los términos del Acuerdo Bilateral de Cooperación en Defensa, según el cual las bases de Rota y Morón son operadas conjuntamente, pero permanecen bajo soberanía española. El acuerdo estipula que las operaciones militares estadounidenses realizadas desde territorio español requieren autorización previa española, requisito que, según el gobierno de Sánchez, no se cumplió antes de que la aviación estadounidense comenzara a utilizar las bases en apoyo de la Operación Furia Épica. El canciller Albares confirmó que España había invocado su autoridad soberana sobre las bases y ordenó a las fuerzas estadounidenses que dejaran de usarlas para misiones relacionadas con Irán. La decisión era jurídicamente inequívoca: fuera cual fuera la controversia política, España ejercía un derecho claramente establecido en el acuerdo bilateral.

La respuesta de Trump, amenazando con cortar todo el comercio con España, describiéndola como un «socio terrible» y sugiriendo que Estados Unidos simplemente podría usar las bases de todos modos, ilustró tanto la magnitud del descontento estadounidense como los límites del apalancamiento estadounidense. La amenaza comercial es legalmente compleja: España es miembro de la Unión Europea y la política comercial es negociada colectivamente por los veintisiete miembros de la UE. Un embargo comercial unilateral estadounidense contra España desencadenaría una respuesta comercial en toda la UE, elevando los costos para Washington muy por encima de los beneficios de castigar a Madrid.

La declaración inmediata de la Comisión Europea de «plena solidaridad con todos los Estados miembros» y su disposición a «actuar si es necesario para salvaguardar los intereses de la UE« hizo explícita esta dinámica. La sugerencia implícita de Trump de que las fuerzas estadounidenses podrían usar las bases por encima de las objeciones españolas planteó preguntas aún más fundamentales sobre la soberanía aliada y la base legal de la presencia militar estadounidense en Europa. Preguntas que el marco institucional de la OTAN no está diseñado para resolver de manera inequívoca a favor de Washington.

La respuesta de Sánchez a las amenazas de Trump destacó por su firmeza y precisión retórica. «No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y también contrario a nuestros valores e intereses, solo por temor a represalias de alguien«, dijo en su discurso televisado a nivel nacional. Esta formulación, al nombrar explícitamente el miedo a las represalias como la alternativa que España se niega a adoptar, expresa con una franqueza inusual el planteo central de la Teoría de la Política Interna. Sánchez no pretendía que su cargo no tuviera costos, afirmaba que aceptar esos costos era tanto la opción de principios como la políticamente ventajosa. La base demoscópica de esta confianza es clara: las encuestas que muestran que el 53% de los españoles se oponen a la política exterior de Trump significaban que enfrentarse a las amenazas comerciales de Trump no era un acto políticamente arriesgado, sino políticamente gratificante.

VI. España en el contexto europeo comparativo: ¿atípico o vanguardista?

La posición de España en la crisis de Irán de 2026 se comprende mejor cuando se sitúa dentro del panorama comparativo de las respuestas de la política exterior europea. El contraste entre la conducta española y la de Alemania, Francia y el Reino Unido es analíticamente revelador, iluminando tanto los rasgos distintivos del enfoque normativo español como las limitaciones estructurales que impiden que los Estados europeos más grandes adopten posiciones igualmente explícitas.

Alemania, bajo Friedrich Merz, ha adoptado la postura más proestadounidense de cualquier gobierno europeo con peso político, negándose a criticar la Operación Furia Épica mientras se reunía con Trump en la Casa Blanca en los días posteriores a los ataques. La posición de Merz refleja tanto la alineación ideológica de su gobierno con los valores conservadores que priorizan la relación transatlántica como la aguda conciencia de Alemania de que su dependencia de la seguridad de las garantías nucleares estadounidenses excluye la opción de una confrontación sostenida con Washington. La relativa vulnerabilidad de Alemania a la presión económica estadounidense como importante exportador al mercado estadounidense también limita su libertad de maniobra. Así es que España, con una base de exportaciones más diversificada y la protección de la política comercial colectiva de la UE, está menos sujeta.

Francia, como se analizará en el artículo complementario de esta serie, ha adoptado una posición de equidistancia calculada, criticando la ausencia de autorización legal internacional para los ataques sin condenarlos explícitamente, pidiendo la participación del Consejo de Seguridad mientras despliega activos militares en la región y posicionándose como un mediador potencial en lugar de un oponente declarado de la operación. El marco gaullista que rige la política exterior francesa genera una postura característicamente diferente del marco normativo que rige el comportamiento español: donde Francia calcula cómo maximizar la influencia entre todos los partidos, España afirma los principios independientemente de sus implicancias de influencia. La capacidad militar considerablemente mayor de Francia y su puesto permanente en el Consejo de Seguridad le dan una influencia de la que carece España, pero también crean expectativas de liderazgo responsable que limitan el grado de confrontación que París puede mantener con un aliado clave.

El Reino Unido bajo Keir Starmer se ha encontrado en la posición más incómoda de cualquier gran potencia europea: signatario de la declaración conjunta del E3 que condena los ataques iraníes, pero simultáneamente avergonzado por las revelaciones de que aviones estadounidenses habían utilizado la base de la RAF en Akrotiri en Chipre para operaciones contra Irán. Esto planteó las mismas cuestiones de soberanía para Londres que la situación de Rota y Morón planteó para Madrid, aunque con menos seguimiento político. Luego del Brexit, el aislamiento de Gran Bretaña de la protección colectiva del comercio de la UE, combinado con su postura tradicional de «relación especial» hacia Washington, ha producido una voz crítica más apagada que la de España a pesar de una oposición pública ampliamente similar.

Los Estados más cercanos a la posición de España, Irlanda, Bélgica, Luxemburgo y los países nórdicos, están unidos por una combinación de fuertes tradiciones pacifistas de la sociedad civil, exposición militar limitada a Medio Oriente y la protección de las instituciones colectivas de la UE. La política exterior históricamente neutralista de Irlanda la alinea naturalmente con la oposición de España al intervencionismo militar. Bélgica, sede de la OTAN, ha encontrado su posición diplomática particularmente incómoda. Los Estados nórdicos han apoyado en general el llamado de España a un marco de la ONU, sin llegar a condenar explícitamente la operación estadounidense.

Lo que distingue a España de todos estos aliados más cercanos es la especificidad operativa de su oposición: España no se limitó a emitir una declaración crítica, sino que tomó medidas concretas expulsando a las fuerzas estadounidenses de su territorio, una acción que trasladó el desacuerdo del ámbito de la señalización diplomática al ámbito de las consecuencias materiales.

VII. El impacto en las relaciones hispano-estadounidenses: costos, beneficios y trayectorias a largo plazo

La crisis de Irán ha precipitado el deterioro más agudo en las relaciones entre ambos países desde la guerra de Irak de 2003, y una evaluación de sus consecuencias a largo plazo requiere distinguir entre la crisis diplomática inmediata y los cambios estructurales en la relación que probablemente persistan más allá de la resolución del conflicto actual.

Los costos inmediatos de la posición de España son materiales y visibles. La amenaza comercial de Trump, aunque legalmente compleja de implementar dada la pertenencia de España a la UE, crea incertidumbre para los exportadores e inversores españoles en el mercado estadounidense. Las exportaciones de España a Estados Unidos ascienden a aproximadamente 12.000 millones de euros anuales, una exposición significativa pero no existencial para una economía de 1,5 billones de euros. El sector automotriz, los productores de acero y los exportadores agrícolas (España es el mayor exportador de aceite de oliva del mundo) enfrentan una posible interrupción. La declaración de solidaridad protectora de la Comisión Europea limita los escenarios más extremos, pero no elimina la incertidumbre comercial. La pérdida de la relación operativa de Rota y Morón con el ejército estadounidense tiene repercusiones de inteligencia e interoperabilidad difíciles de cuantificar, pero no obstante reales.

Frente a estos costos, el gobierno de Sánchez calcula un conjunto de beneficios que se extienden mucho más allá de la ventaja electoral interna ya analizada. La posición de España ha elevado drásticamente su perfil e influencia en el mundo árabe y musulmán, donde su apoyo constante a los derechos palestinos y su oposición explícita a la operación iraní han generado buena voluntad que se traduce en capital diplomático para futuros compromisos.

Es probable que las relaciones comerciales de España con los Estados del Golfo, el norte de África y Turquía, todos socios económicos importantes, se fortalezcan en lugar de verse dañadas por el posicionamiento actual. El Gobierno marroquí, con el que España tiene una relación bilateral crucial en materia de inmigración y cooperación en materia de seguridad, se ha alineado notablemente con las posiciones españolas tanto sobre Gaza como sobre Irán. Esto sugiere que la coherencia normativa paga dividendos en relaciones geográficamente próximas que importan enormemente para los intereses nacionales españoles.

La trayectoria a más largo plazo de las relaciones entre España y Estados Unidos estará determinada principalmente por factores fuera del control de España: la duración de la presidencia de Trump, el resultado del conflicto de Irán y la evolución de los acuerdos europeos de reparto de la carga de la defensa. Sánchez ha sido explícito en que la oposición de España es a opciones políticas estadounidenses específicas más que a la alianza en sí, manteniendo que el compromiso de España con la OTAN no está en duda.

Esta distinción entre oponerse a una decisión y oponerse a la relación es analíticamente importante y prácticamente significativa: preserva el canal para una eventual normalización, al tiempo que mantiene la credibilidad de la posición de principios actual de España. El precedente histórico de la guerra de Irak de 2003 respalda la durabilidad de este enfoque: las relaciones entre ambos países, severamente tensas bajo el gobierno de Zapatero que retiró las tropas españolas de Irak, se normalizaron sin daños estructurales duraderos una vez que cambió el contexto político inmediato.

Conclusión

La respuesta de España a la crisis de Irán de 2026 representa la expresión más consecuente de la doctrina normativa de política exterior de Pedro Sánchez hasta la fecha, una doctrina cuya coherencia interna, racionalidad electoral y lógica estratégica a largo plazo ha intentado iluminar el análisis anterior. La combinación de la teoría Normativa de Política Exterior y la Teoría de la Política Interna proporciona el marco analítico más adecuado para este comportamiento. La oposición de principios de España a la Operación Furia Épica es simultáneamente una expresión genuina de valores legales que se han aplicado consistentemente en múltiples contextos de conflicto y un posicionamiento políticamente calculado que explota la brecha entre la opinión pública española y la respuesta diplomática europea dominante.

La memoria histórica de 2003 funciona como una restricción y un facilitador: impide que cualquier gobierno español respalde aventuras militares estadounidenses que carecen de autorización de la ONU y apoyo público, y permite a Sánchez enmarcar su posición actual como la lección históricamente validada de la experiencia de política exterior más traumática en la historia reciente de España. La consistencia de la posición de España respecto de Gaza, su reconocimiento de Palestina, su negativa a respaldar la captura de Maduro y su oposición a los ataques contra Irán contribuyen a una credibilidad normativa que los críticos centrados en un solo tema difícilmente pueden cuestionar. Precisamente porque ese principio se aplica visiblemente en casos donde España no tiene un interés material evidente, su aplicación en aquellos donde sí implica costos materiales resulta aún más creíble.

Lo que la crisis de Irán también ha revelado es el límite estructural de la influencia estadounidense sobre los aliados europeos que disfrutan de la protección de las instituciones colectivas de la UE y cuyos entornos políticos internos generan incentivos para la independencia en lugar de la alineación. La amenaza comercial de Trump contra España, al igual que sus amenazas arancelarias anteriores contra la UE, demostraron colectivamente los límites de la coerción económica bilateral contra un Estado incrustado en un marco de comercio colectivo de veintisiete miembros. La ironía es que la presión estadounidense, destinada a disciplinar el comportamiento español, ha generado solidaridad en toda la Unión Europea y ha elevado el perfil diplomático de España precisamente en el mundo árabe, el Sur Global y el movimiento de países no alineados; donde la influencia estadounidense ha sido más gravemente dañada por la propia Operación Furia Épica.

En las cuatro palabras que Sánchez eligió para resumir la posición de España «no a la guerra», radica toda la arquitectura de la doctrina de política exterior que este artículo ha analizado. El rechazo normativo de la fuerza militar como instrumento legítimo de transformación política, el cálculo político interno de que la opinión pública española premia el anti-intervencionismo de principios, la memoria histórica que valida el principio frente a la objeción más poderosa posible y la apuesta estratégica de que la influencia a largo plazo se construye a través de la credibilidad en lugar de a través del cumplimiento. Que esta apuesta resulte correcta depende de desarrollos que, como el propio Sánchez reconoció, son profundamente inciertos. Lo que no es incierto es que España, en la crisis de febrero y marzo de 2026, ha apostado por una posición lo suficientemente distintiva como para definir su identidad internacional durante una generación, para bien o para mal, en la tradición de un país que ha aprendido por las malas que los costos de la alineación a veces pueden exceder los costos de la independencia.