España bajo el gobierno de Pedro Sánchez exhibe muchas de las características de un actor normativo de política exterior: fue uno de los primeros Estados de Europa occidental en reconocer la condición de Estado palestino, ha invocado constantemente el derecho internacional humanitario en sus críticas a las operaciones israelíes en Gaza, se negó a respaldar la operación estadounidense extralegal que capturó a Nicolás Maduro en enero de 2026, y ha condenado la Operación Furia Épica como un atropello del derecho internacional, adoptando así la posición más confrontativa hacia Washington registrada entre los miembros de la OTAN, a un costo económico y de alianza significativo.