Securitización y gobernabilidad: Rusia y la migración desde Asia Central

En el siglo XXI, la migración se ha consolidado como uno de los fenómenos más relevantes y complejos dentro del orden internacional. Diversos factores tales como los conflictos armados, la inequidad interseccional (economía, género, etnia, entre otros), los efectos del cambio climático, la urbanización acelerada y las dinámicas laborales transnacionales han intensificado los movimientos humanos tanto dentro como fuera de las fronteras nacionales.

De acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), más de 280 millones de personas viven hoy fuera de sus países de origen, lo que representa alrededor del 3.6% de la población mundial. Esta cifra continúa en constante ascenso, siendo esto impulsado por la creciente interdependencia de las sociedades, la globalización, y la necesidad de migrar en contextos complejos determinados, lo que nos permite avizorar la necesidad de reflexionar en una movilidad humana más allá de categorías tradicionales.

A la par del aumento de flujos migratorios globales, se ha intensificado una tensión entre los enfoques humanitarios que promueven los derechos de las personas migrantes y las políticas estatales que, bajo la lógica de la seguridad y el orden interno, adoptan posturas restrictivas y de control. En este contexto, múltiples Estados han optado por hacer uso de estrategias de “securitización”, las cuales comprenden al migrante como una amenaza a la seguridad e integridad nacional, la identidad cultural, e inclusive la estabilidad económica, estableciéndose así una serie de mecanismos legales y administrativos, y también sociales, que limitan o niegan el acceso a los migrantes a la permanencia en los territorios de original acogida.

Así, emerge el caso de Rusia frente a la migración proveniente de Asia Central (en particular de Tayikistán y Kirguistán), el cual adquiere relevancia en este marco general: aunque la economía rusa ha dependido históricamente de la mano de obra centroasiática, sus políticas migratorias han oscilado entre la aceptación funcional y la criminalización sistemática. Esta ambivalencia se ha agudizado mucho más tras el atentado en el Crocus City Hall en 2024 (del cual se hablará más adelante), que dio pie a un aumento de deportaciones y a la consolidación de discursos estigmatizantes.

A partir de este escenario, el presente artículo analiza cómo las políticas migratorias rusas configuran un régimen de securitización que prioriza la protección estatal por encima de un enfoque humanitario, con especial énfasis en procesos como la gobernabilidad migratoria, la ilegalización de la irregularidad, la deportación y las prácticas de bordering, ideas que se profundizan más adelante.

La ilegalidad migratoria dentro del debate teórico

En primer lugar, la construcción social de la “ilegalidad” migratoria y de los migrantes indocumentados no debe entenderse únicamente como el incumplimiento de la normativa jurídica, sino como una herramienta que busca la legitimación y justificación de prácticas de control y exclusión al migrante. En este sentido, Domenech plantea que la ilegalidad constituye un mecanismo de gobernabilidad que articula medidas de vigilancia, expulsión y segregación, vinculándose directamente con la noción de deportabilidad y con políticas de segregación social, siendo estas enraizadas socialmente.

En segundo lugar, González-Cámara sostiene que esta construcción de ilegalidad migratoria opera como un mecanismo de control social que refuerza procesos de criminalización, especialmente en contextos donde los Estados configuran al migrante como un sujeto que debe ser controlado, con la finalidad de velar por la seguridad nacional. Así, la política migratoria no solo regula la movilidad, sino que produce una frontera, tanto física como simbólica, la cual margina a las poblaciones migrantes.

Por último, el concepto de bordering desarrollado por Yuval-Davis señala que las fronteras se redefinen de forma constante, siendo las fronteras tanto materiales como inmateriales. Esto implica que las fronteras no sólo están presentes en los puntos de cruce, sino también en diversas esferas de la vida cotidiana, desde el trabajo hasta la interacción social, donde los migrantes experimentan barreras invisibles, pero igualmente de carácter restrictivo.

Esto contribuye a problematizar la visión tradicional de las fronteras. Lejos de ser simples líneas territoriales, las fronteras son procesos dinámicos y variables que se inscriben en la vida cotidiana y en las relaciones sociales, manifestándose en regulaciones administrativas, discursos mediáticos, prácticas sociales y performativas, etc. Así, los espacios de inclusión y exclusión se reconfiguran de acuerdo a cómo las visiones se ajustan a determinados contextos, en este caso correspondiente al de los migrantes.

En suma, este marco teórico enfatiza que la ilegalidad migratoria es una construcción social y política que, al inscribirse en un régimen de securitización, reproduce un sistema de exclusión y control que trasciende el marco legal. Así, en base a lo visto, se puede entender a mayor profundidad el nivel de afectación y profundización de las políticas migratorias rusas en la población proveniente de Asia Central.

Políticas migratorias rusas

En primer lugar, en el presente caso se observa una ambivalencia en las políticas migratorias del Estado ruso. Por un lado, Rusia ha implementado políticas que permiten el ingreso de trabajadores migrantes, especialmente de Asia Central, a través de mecanismos como la migración laboral, con el fin de satisfacer las demandas de sectores clave de su economía. Sin embargo, a medida que los flujos migratorios aumentan y la gestión gubernamental se dificulta, estas políticas se han endurecido, adoptando un enfoque de securitización.

En este contexto, el régimen ruso de control migratorio refleja una falta de enfoque humanitario en la gestión de flujos, al adoptar un modelo de gobernanza que antepone la seguridad a la protección de los derechos humanos, lo que limita una regulación más equilibrada y respetuosa de la migración.

La gobernabilidad migratoria rusa se basa en el control de la movilidad, gestionando los beneficios y costos, y estableciendo qué migrantes son «deseables» o «no deseables». Aunque Rusia permite la migración laboral, se enfoca en una regulación estricta y un control más severo, justificando estas medidas bajo la premisa de mantener la seguridad y el orden. A raíz de la identificación de los responsables del atentado en el Crocus City Hall como tayikos, las autoridades rusas intensificaron la vigilancia y el control sobre los migrantes de esta nacionalidad, lo que reflejó una tendencia a percibir a toda la comunidad tayika, y en general a la de Asia Central, a través de un prisma de desconfianza y criminalización.

Este fenómeno muestra cómo las políticas migratorias de Rusia, inicialmente orientadas a facilitar la migración laboral, han pasado a enfocarse en el control, evidenciado por el endurecimiento de las leyes y la militarización de las fronteras. Tanto las políticas humanitarias como las restrictivas buscan controlar el flujo migratorio, pero con distintas justificaciones. La reciente crisis del atentado ha intensificado los estereotipos negativos hacia esta población, reforzando su percepción como una amenaza y aumentando la exclusión social y el rechazo hacia esta comunidad. En este marco, surge el concepto de «ilegalidad», el cual se convierte aquí en un mecanismo de control que no solo depende de la legislación formal, sino de una construcción social que vincula la migración con la criminalidad, siendo así el migrante un problema que debe ser controlado por el Estado.

El caso de los ciudadanos de Asia Central ilustra cómo el Estado puede producir y reforzar la condición de ilegalidad de los migrantes, generando un círculo vicioso de exclusión y represión. La política migratoria rusa contribuye a la creación de una frontera, tanto material como inmaterial, que separa a los migrantes de la sociedad rusa, marcando diferencias en función de su nacionalidad y el contexto de su llegada.

“Ilegalidad” del migrante de Asia Central

En segundo lugar, dado el fenómeno de ilegalización, se hallan las políticas destinadas a la deportación de los migrantes de Asia Central que se encuentran en situación irregular apoyándose en la retórica anti-migrante. En este aspecto, se destacan las políticas públicas del Ministerio del Interior, incluyendo la reciente aprobación de un proyecto de ley por la Duma Estatal que ha agravado esta situación, incrementando la precariedad y vulnerabilidad de los migrantes provenientes de Asia Central.

Entre las medidas destaca la emisión de un documento universal para migrantes que sustituye sus pasaportes nacionales, confiscados con sus datos centralizados en una base accesible solo para la policía rusa, facilitando así detenciones arbitrarias y la extorsión. Además, se introduce el “régimen de estadía controlada,” el cual restringe movimientos sin orden judicial, perpetuando su estado de desprotección dentro de Rusia.

Estas políticas se enmarcan dentro del “régimen de deportación”, el cual es una construcción política que señala la constante situación de “expulsabilidad” que enfrentan los migrantes, por lo que el Estado al que migran finalmente no es un punto de destino, sino uno de tránsito. De este modo, la presencia de los migrantes dentro de Rusia no está asegurada, hallándose en la constante situación de peligro en relación a la posibilidad de expulsión.

Así, el accionar del gobierno ruso incorpora esta noción de “expulsabilidad” aplicada a los ciudadanos de Asia Central, lo que coloca a los migrantes en un estado de «provisoriedad» constante dentro del territorio. La implementación de estas políticas públicas, que refuerzan la estructura de control migratorio, contribuye a perpetuar la precariedad de la situación de estos migrantes dentro del Estado ruso.

Narrativas de expulsión

Por último, se entiende que el régimen migratorio ruso no solo se limita a las medidas formales de expulsión, sino que las narrativas de ilegalización se encuentran presentes en múltiples ámbitos de la vida de los migrantes.

En este contexto, diversos informes han documentado casos de hostigamiento verbal, como el rechazo de taxistas a transportar a personas según su origen y amenazas xenófobas tanto en redes sociales como en espacios públicos. Además, se han registrado agresiones físicas, como el incendio de un café en Blagovéshchensk y ataques a migrantes en Kaluga, junto con un incremento en las redadas y controles policiales, con más de 2,500 denuncias de detenciones arbitrarias, tortura y deportaciones en los días posteriores al ataque. Así, los migrantes han expresado un profundo temor a salir en público y evitan revelar su nacionalidad por miedo a represalias.

Las políticas de control migratorio no solo se alimentan de las definiciones de fronteras a nivel estatal y global, sino que también se entrelazan con la securitización y los discursos racializados de pertenencia. Estos discursos, en lugar de promover el “multiculturalismo”, refuerzan la idea de que ciertas comunidades no pertenecen, al mismo tiempo que sitúan a los migrantes en una categoría de “extranjeros permanentes” o “ilegales”. Este proceso de bordering no crea nuevas divisiones, sino que refuerza categorías preexistentes, lo que genera distinciones en una narrativa entre “nosotros” (población rusa) y “ellos” (migrantes).

De esta manera, las fronteras se inscriben en las prácticas diarias de la sociedad y en las relaciones interpersonales, lo que otorga la capacidad de agencia a los ciudadanos de aplicar y reforzar estas políticas de exclusión.

El Atentado en el Crocus City Hall: Paradigma de la política migratoria rusa

El atentado en el Crocus City Hall, ocurrido el 22 de marzo de 2024 en las afueras de Moscú, ha sido calificado como uno de los ataques más mortales en suelo ruso en el siglo XXI. Un grupo de hombres armados ingresó al recinto minutos antes de un concierto de la banda Piknik, abriendo fuego hacia el público y ocasionando un incendio que se propagó rápidamente a lo largo del recinto, dejando más de 140 personas fallecidas y cientos de heridos. El grupo yihadista Estado Islámico (ISIS), específicamente su rama Provincia de Jorasán (ISIS-K), se atribuyó la autoría del ataque, lo que generó conmoción nacional e internacional. A pesar de esta adjudicación, las autoridades rusas también intentaron vincular las causas del atentado en migrantes ucranianos, sin mayor éxito ante la falta de pruebas concluyentes.

El atentado activó una respuesta inmediata del Estado ruso, que incluyó la detención de sospechosos —principalmente ciudadanos de Asia Central— y el fortalecimiento de medidas de seguridad interna. Las repercusiones no se limitaron al ámbito antiterrorista, sino que se extendieron a la política migratoria: el ataque fue utilizado como justificación para intensificar los controles sobre la población migrante, específicamente de Tayikistán y Kirguistán.

Aunque el atentado reveló las vulnerabilidades del sistema de seguridad de Rusia, permitió observar en mayor medida la visión del Estado ruso de imponer medidas migratorias securitizadoras, en las cuales los migrantes centroasiáticos fueron el principal punto de ataque. Este giro en el discurso y en la práctica estatal profundizó el estigma sobre el migrante de esta región, consolidando una narrativa y un marco institucional diseñados para restringir la actividad migrante, contradiciendo los principios de los derechos humanos.

Necesidad de cambio de paradigma

En conclusión, las políticas migratorias de Rusia hacia los migrantes de Asia Central muestran una ambivalencia marcada por la necesidad inicial de mano de obra, seguida de un enfoque de securitización que prioriza la protección estatal. La intensificación de deportaciones y la estigmatización de estas comunidades, tras el atentado en el Crocus City Hall, ha generado un ambiente de exclusión y criminalización. La gestión migratoria rusa crea un sistema de «ilegalidad», asociando la migración con una amenaza e incrementando la precariedad y vulnerabilidad de los migrantes. 

Del mismo modo, el concepto de bordering resalta la existencia de fronteras sociales e invisibles, generando barreras en la vida cotidiana de los migrantes. La política migratoria rusa refuerza una narrativa de pertenencia racializada, dividiendo a la población entre «nosotros» y «ellos». Este contexto destaca la necesidad de un enfoque migratorio más humanitario, que anteponga los derechos humanos y busque soluciones equilibradas a la problemática, priorizando el respeto por la dignidad humana en lugar de la criminalización y securitización del presente flujo migratorio.

Referencias

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