Profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Teherán.
Sus áreas de interés e investigación se centran en los asuntos europeos. Ha presentado ponencias en conferencias nacionales y extranjeras y publicado libros, artículos y trabajos en diversas revistas dentro de este ámbito.
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La Unión Europea (UE) se ha presentado durante mucho tiempo como un «poder normativo» en el sistema internacional, un poder cuya legitimidad e influencia no provienen del dominio militar o económico, sino de su capacidad para promover e institucionalizar las normas del derecho internacional, la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, esta imagen se ha visto cada vez más presionada ante las recurrentes crisis mundiales. Dos episodios internacionales recientes, la invasión rusa de Ucrania y el ataque israelí al territorio iraní, han puesto a prueba la coherencia normativa de la UE.
Si bien la respuesta de Europa a Rusia fue rápida, coordinada y basada en el derecho internacional, su reacción a la acción militar de Israel fue marcadamente silenciosa y, en ocasiones, incluso pareció justificar la agresión. Este comentario analítico tiene como objetivo examinar esta discrepancia a través de la lente de las normas legales internacionales y los marcos políticos de la UE
La respuesta europea a la invasión rusa de Ucrania
Cuando Rusia lanzó una invasión militar a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, la Unión Europea y sus Estados miembros reaccionaron rápidamente en el frente legal, político y económico.
- En primer lugar, las instituciones de la UE emitieron numerosas declaraciones condenando el ataque como una flagrante violación del Artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas y una grave amenaza para el orden jurídico internacional.
- En segundo lugar, la UE impuso uno de los regímenes de sanciones más extensos de su historia contra Rusia, dirigido a bancos, corporaciones, funcionarios gubernamentales y exportaciones.
- En tercer lugar, ofreció apoyo político y militar integral a Ucrania, incluidos envíos de armas, asistencia a los refugiados y acciones legales a través de la Corte Penal Internacional y otras instituciones.
Es importante destacar que estas acciones fueron enmarcadas por la UE como un compromiso de defender principios como la integridad territorial, la prohibición del uso de la fuerza y el derecho a la legítima defensa, tal como se articula en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Europa se posicionó como defensora del orden jurídico internacional.
La respuesta europea al ataque israelí a Irán
En un marcado contraste, el ataque militar israelí a territorio iraní en junio de 2025 (llevado a cabo sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y sin una amenaza inminente que justificara la legítima defensa) recibió de la Troika europea (Francia, Alemania y Reino Unido) silencios o declaraciones ambiguas. Pese a la clara prohibición del uso de la fuerza en el Artículo 2(4), los líderes europeos evitaron invocar este principio. En su lugar, apelaron a fórmulas vagas como «el derecho de Israel a defenderse», sin ningún escrutinio legal de si se cumplían las condiciones para la legítima defensa propia.
De acuerdo con la doctrina Caroline clásica, la autodefensa anticipatoria solo es permisible cuando existe una amenaza inminente, inevitable y abrumadora. Ninguno de estos criterios se aplicaba a la situación en Irán. Israel afirmó enfrentar amenazas de Irán, pero no se había producido ningún ataque armado que justificara una respuesta defensiva. Además, Irán no había participado en ninguna acción hostil en suelo israelí. Por lo tanto, el ataque de Israel carecía de justificación legal tanto en virtud del Artículo 51 como del derecho internacional consuetudinario.
Inconsistencia normativa de la UE
Esta flagrante disparidad en las reacciones de Europa ante dos violaciones de la soberanía ostensiblemente similares plantea serias dudas sobre su credibilidad normativa. Si la violación de la soberanía de Ucrania por parte de Rusia constituye una amenaza para el orden internacional, ¿por qué no se trata del mismo modo la violación de la soberanía de Irán por parte de Israel? ¿Se aplican los principios jurídicos internacionales sólo cuando la víctima es un aliado europeo? Tal incoherencia no sólo socava la legitimidad de la política exterior de la UE, sino que también envía un peligroso mensaje a la comunidad mundial: que el poder y las alianzas pueden prevalecer sobre el derecho y la justicia.
Desde el punto de vista de la política exterior, esta conducta erosiona el “capital normativo” de la UE, un activo que lleva décadas cultivando. La UE lleva mucho tiempo actuando como mediador, socio para el desarrollo o actor de poder blando en regiones que van desde Oriente Medio hasta África y Europa del Este. Pero si su papel va acompañado de un doble rasero, su credibilidad decaerá. Esto es especialmente cierto entre los países del Sur Global, que han criticado sistemáticamente la hipocresía occidental en la gestión de las crisis internacionales.
Dimensiones geopolíticas
La reacción de Europa debe entenderse también a la luz de consideraciones geopolíticas. Su estrecha alineación con Estados Unidos en la cuestión de Israel, las presiones de los grupos de presión internos y el deseo de preservar la unidad occidental frente a bloques de poder rivales contribuyen a su silencio. Sin embargo, estas mismas consideraciones chocan con el compromiso declarado de la UE con la autonomía estratégica. Una unión que aboga formalmente por una política exterior independiente no puede seguir estando en deuda con las preferencias de Washington y pretender al mismo tiempo ser una potencia normativa.
Conclusión
El doble estándar de la UE a la hora de abordar la agresión de Rusia a Ucrania y el ataque de Israel a Irán revela una profunda brecha entre su retórica y sus acciones. Mientras que en el primer caso Europa empleó todas las herramientas jurídicas y políticas para defender el orden internacional, en el segundo ignoró o socavó esos mismos principios.
Si la UE desea conservar su identidad como potencia normativa, debe adherirse a la coherencia, la imparcialidad y la fidelidad jurídica en la aplicación de sus valores. De lo contrario, corre el riesgo de transformarse en un actor contradictorio cuya credibilidad en la escena internacional se vea comprometida por intereses egoístas más que por normas basadas en principios.
