José Alonso Sifuentes Vega
Estudiante de Derecho en la Universidad San Martín de Porres (USMP), especializado en Derecho Internacional Público; jefe de redacción en Inti Diplomatic, medio de comunicación diplomático. Miembro ordinario del Centro de Investigaciones de Derecho Internacional Público (CEDIP) y miembro voluntario de Ius Inter Gentes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Filipinas es un archipiélago famoso por sus playas paradisíacas y su rica historia cultural. Pero en paralelo, enfrenta un lado oscuro en su sector turístico: el turismo sexual. Durante décadas, el país ha sido un destino frecuente para turistas que buscan explotar la vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales locales, lo que ha provocado un alto número de niños nacidos de estas interacciones. Muchos de estos menores crecen sin conocer a sus padres, quienes abandonan el país sin asumir su responsabilidad.
En este contexto, la utilización de pruebas de ADN se ha convertido en una herramienta clave para rastrear a estos padres y exigirles la manutención infantil, al tiempo que promueve la identidad y el bienestar de los niños involucrados. Este artículo analiza cómo la tecnología del ADN y las leyes internacionales se han combinado para abordar este problema creciente.
Turismo sexual en la región
El fenómeno del turismo sexual no se limita a Filipinas; otros países del sudeste asiático, como Tailandia y Camboya, también son conocidos por atraer a turistas en busca de servicios sexuales. La participación de viajeros es principalmente de naciones como Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y diversos países europeos.
Los turistas atraídos por la falta de regulaciones en ciertos destinos suelen entablar este tipo de relaciones. Al regresar a sus países, muchos de ellos dejan atrás a madres e hijos sin ningún tipo de apoyo. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la explotación sexual representa el 79% de los casos de trata de personas a nivel global, siendo las principales víctimas mujeres y niñas. Expertos sostienen que el término «turismo sexual» disfraza la dura realidad del abuso y la explotación que enfrentan estas personas en naciones empobrecidas.
El turismo sexual ha sido parte de las tradicionales «cuatro S» del turismo: sun, sex, sea and sand. No obstante, la globalización ha transformado estas dinámicas, facilitando la expansión de redes de prostitución y tráfico de personas a nivel mundial. Según Wonders y Michalowski (2001), el turismo y la migración son factores clave que alimentan la industria del sexo. Este fenómeno, que involucra diversas dimensiones como clase social, cultura, raza, género y edad, también muestra transgresiones de estas categorías, como el caso de mujeres occidentales que buscan experiencias sexuales con hombres jóvenes en destinos como Bali o Barbados, o con japonesas que buscan hombres blancos.
un país como Filipinas, que ocupa el puesto 116 de 188 en el Índice de Desarrollo
humano. La tasa de fertilidad en Filipinas es de casi tres hijos por mujer.
Fuente: El País.
Innovación en la justicia: El ADN como esperanza
La asociación australiana sin fines de lucro Angeles Relief ha lanzado un innovador proyecto que utiliza pruebas de ADN para rastrear a padres extranjeros de niños nacidos como resultado del turismo sexual. El nuevo documental de la cadena ABC, titulado Four Corners: Sex Tourism — My Father’s Secret, muestra el impacto de este programa en las vidas de mujeres y sus hijos, que, tras recibir apoyo, enfrentan las difíciles realidades de ser madres solteras en condiciones de pobreza, muchas de ellas lidiando con adicciones, además de enfrentar un estigma social que dificulta su acceso a recursos legales y económicos.
Se estima que miles de niños nacen cada año en Filipinas debido a estas interacciones, un número que representa solo la punta del iceberg. La situación es aún más compleja debido a que el aborto es ilegal y el uso de anticonceptivos es poco común, lo que lleva a muchas trabajadoras sexuales a quedar embarazadas, frecuentemente de hombres extranjeros. El proceso sigue siendo complicado y costoso, y la falta de cooperación de algunos países dificulta la búsqueda de justicia. En este contexto, Andrew MacLeod, abogado humanitario involucrado en el proyecto, señala: “Cuando empecé este trabajo, pensé que se trataba de órdenes de manutención de los hijos, de identidades y nacionalidades, pero no es así. En realidad, se trata de que los niños desarrollen su potencial”.
unos sesenta años de España, que pasó una semana en Angeles City, como turista, y no sabe que tiene una hija. Fuente: Stephanie borcard & nicolas matraux /BM-
photo.
Avances de Ángeles Relief Inc. (ARI)
Ángeles Relief ha evolucionado de ofrecer apoyo básico a niños víctimas de explotación sexual en Filipinas a impulsar proyectos legales internacionales y de justicia social. Al identificar que la falta de oportunidades empujaba a las madres a depender del trabajo sexual, la organización comenzó a financiar su formación profesional para romper el ciclo de pobreza. Durante la pandemia, mantuvo su apoyo con fondos donados y estableció una colaboración con Hear Their Cries para expandir su base de datos de pruebas de paternidad.
Aunque los resultados han sido mixtos, este proyecto ha marcado un hito en la defensa de los derechos de los niños. Además, ha fortalecido su presencia local mediante alianzas, como con Children’s Better Life, y ha asegurado representación legal con Marivic Panilawan, un abogado reconocido en la materia.
En 2023, ARI protegió a una niña cuya madre enfrentaba problemas de adicción, logrando ubicarla en un refugio seguro. De este modo, de ser una pequeña organización, ARI se ha convertido en un actor global de cambio. Sin embargo, para seguir avanzando, es fundamental aumentar el financiamiento y replicar la iniciativa, ya que las víctimas enfrentan múltiples desafíos como violencia, pobreza y falta de acceso a servicios básicos.
Marco legal filipino
En Filipinas, el trabajo sexual es ilegal según el Código Penal Revisado, que clasifica a las prostitutas como “vagrants”, (Art. 202(5)). Solicitar sexo también se considera ilegal, y las penas pueden incluir hasta 30 días de prisión o multas por primera ofensa, y hasta 6 meses para reincidentes. La Ley de Tráfico de Personas (2003) penaliza el reclutamiento y transporte de personas para la prostitución, y la Ley de Prevención y Control del SIDA (1998) prohíbe las pruebas obligatorias de VIH y la discriminación contra personas con VIH, aunque no ofrece protección específica a los trabajadores sexuales.
En cuanto a las prácticas de aplicación de la ley, existe un reconocimiento tácito de que el trabajo sexual ocurre y puede ser una cuestión de salud pública. Se realizan pruebas regulares para ITS en clínicas de higiene social, aunque los trabajadores independientes quedan fuera de estas regulaciones.
Desde 2011, diversos esfuerzos han buscado mejorar el entorno legal. En algunos establecimientos en Angeles City, la mayor localidad que presenta turismo sexual, ofrecen seguros de salud y seguridad social. Consejos locales en ciudades como Angeles, Cebu e Iloilo brindan oportunidades educativas y alternativas laborales para trabajadores sexuales. Además, grupos religiosos en Marikina y Cebu proporcionan medios de vida alternativos, mientras que en Olongapo y Angeles se realizan reuniones regulares entre trabajadores sexuales y autoridades locales.
Convención: Manutención infantil transfronteriza
La Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance (2007) es un tratado multilateral que busca facilitar la recuperación internacional de pensiones alimenticias, especialmente en beneficio de menores cuyos padres residen en diferentes países. Inspirada en la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), la convención centra sus disposiciones en el bienestar de los niños, priorizando sus derechos en las decisiones de manutención. Para lograrlo, establece un marco de cooperación entre Estados, basado en procedimientos accesibles, rápidos y justos, incorporando tecnologías que permiten una aplicación flexible a nivel internacional.
como a su madre, durante seis meses, antes de desaparecer. Fuente: Stephanie
borcard & nicolas matraux /BM-photo.
El artículo 1 de la Convención establece su propósito central: asegurar la recuperación efectiva de pensiones alimenticias a nivel internacional mediante un sistema sólido de cooperación entre Estados, que exige el reconocimiento y la ejecución de medidas en cualquier jurisdicción. Según el artículo 4, el derecho aplicable se basa en la obligación alimentaria en el país de residencia habitual del acreedor, mientras que el artículo 6 garantiza que las decisiones judiciales puedan ser reconocidas y ejecutadas internacionalmente, facilitando que los pagos lleguen al país del acreedor sin obstáculos burocráticos. Finalmente, el artículo 37 exige que cada Estado implemente esta normativa en su sistema legal, promoviendo una aplicación uniforme y efectiva de las obligaciones de manutención en beneficio de los menores.
Justicia difícil de aplicar
La Philippine Commission on Women, en su «Women Legislative Agenda for the 17th Congress (2018)”, recomendó fortalecer el marco legal para combatir la prostitución, enfocándose en reducir la demanda y ampliar la base de ilegalidad. La propuesta busca trasladar la responsabilidad penal a clientes y explotadores, despenalizando a las mujeres en situación de prostitución y reconociéndolas como víctimas en lugar de criminales.
Asimismo, se sugiere una reforma que defina legalmente la prostitución y penalice a quienes se benefician de esta explotación. Además, es fundamental establecer mecanismos de apoyo que permitan a las personas explotadas salir del sistema de prostitución, y así combatir de forma efectiva la explotación sexual mediante una perspectiva de protección y justicia para las víctimas.
Conclusiones
La lucha contra la explotación sexual en Filipinas y otros destinos de turismo sexual requiere un enfoque integral que no solo busque justicia para las víctimas, sino que también aborde las causas estructurales que perpetúan este fenómeno. A pesar de los avances logrados, como el uso de pruebas de ADN para rastrear a los padres de los niños nacidos de estas interacciones y el trabajo de organizaciones como Ángeles Relief, la solución definitiva depende de un compromiso global y sostenido. Esto implica la implementación de políticas públicas eficaces, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las leyes que penalicen a los explotadores y protejan a las víctimas.
Además, es esencial abordar los factores subyacentes que facilitan el turismo sexual, como la pobreza, la falta de acceso a educación y la desigualdad de género. Solo con un enfoque holístico que integre esfuerzos legales, sociales y educativos se podrá erradicar esta forma de explotación. Esto no solo garantizaría la justicia para los niños afectados, sino que también contribuiría a la creación de condiciones que prevengan futuras violaciones y mejoren la calidad de vida de las comunidades más vulnerables.
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