Nací en Argentina y vivo en Armenia hace ocho años. Licenciada Comunicación Social (Universidad Nacional de Córdoba) y Magíster en Género y Políticas Públicas (FLACSO). Corresponsal para Armenia y el Cáucaso de medios de comunicación en español como France 24 y Agencia EFE.
Tras más de 500 días en las prisiones de Bakú, 23 rehenes armenios son sometidos a procesos judiciales que organizaciones internacionales de derechos humanos califican como ilegales. “Terrorismo”, “genocidio”, y “separatismo” son algunos de los cargos que se les imputan1.
Entre los detenidos se encuentran líderes políticos y militares de Nagorno Karabaj capturados tras la ofensiva de Azerbaiyán en septiembre de 2023, como los ex presidentes Arkadi Ghukasyan, Bako Sahakyan y Arayik Harutyunyan, el ex ministro de Estado, Rubén Vardanyan, el ex presidente de la Asamblea Nacional, David Ishkhanyan, y el ex canciller, David Babayan. Sus familias llevan meses sin recibir información clara sobre su estado de salud ni condiciones de detención, mientras el régimen de Bakú continúa utilizando su encarcelamiento como una herramienta de presión política.
Uno de los casos más visibilizados es el del empresario y filántropo ruso de origen armenio, Rubén Vardanyan, quien se trasladó a Nagorno Karabaj en 2022 con el objetivo de contribuir al desarrollo de la región. Encerrado tras las rejas, Vardanyan se ha convertido en un símbolo de resistencia. Actualmente es sometido a un proceso judicial sin garantías, sin acceso a un abogado independiente y sin poder defenderse de las acusaciones de “financiación del terrorismo” que pesan sobre él. “Es un juicio sin reglas, una farsa que solo busca criminalizar a los armenios”, denuncia su hijo, David Vardanyan. La situación ha llevado al empresario a declararse en huelga de hambre en señal de protesta, lo que ha agravado su estado de salud.
La imparcialidad del sistema judicial de Azerbaiyán es objeto de duras críticas. Según Siranush Sahakyan, abogada especialista en derecho internacional, la justicia azerbaiyana es “una herramienta de represión política, carente de independencia”. Los detenidos han sido sometidos a procesos judiciales irregulares con abogados impuestos por el Estado, sin la posibilidad de recibir observadores internacionales ni de garantizar una defensa justa. El acceso a la sala del tribunal es denegado para medios de comunicación internacionales o que no tengan vinculación con el régimen de Ilham Aliyev. La misma suerte corre para quienes deseen monitorear el proceso judicial.
Linda Euljekjian persiste en una lucha severa. Su esposo, Viken Euljekjian, fue capturado el 10 de noviembre de 2020 cuando viajó a Shushi, en Nagorno Karabaj, para recuperar algunas pertenencias tras el fin de la guerra. Su detención se produjo en un puesto de control tomado por las tropas azerbaiyanas. Viken fue sentenciado a 20 años de prisión bajo acusaciones de terrorismo y cruce ilegal de la frontera, a pesar de que nunca participó en el conflicto armado. Su pasaporte libanés contribuyó para que sea acusado de mercenario.
Las condiciones en las que se encuentran los prisioneros han sido denunciadas por organismos internacionales de derechos humanos, que han documentado casos de tortura, malos tratos y abusos sistemáticos. Golpes, privación del sueño, humillaciones y simulacros de ejecución forman parte del castigo diario para los detenidos armenios. La situación coloca a los rehenes en una situación de mayor vulnerabilidad con la reciente expulsión del Comité Internacional de la Cruz Roja de Azerbaiyán, dejándolos completamente aislados y sin acceso a asistencia humanitaria.
El Comité está profundamente preocupado por las denuncias de violaciones graves y severas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por fuerzas militares azerbaiyanas contra prisioneros de guerra y otras personas protegidas de origen étnico o nacional armenio, como ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros malos tratos y la grabación y difusión de videos que parecen mostrar actos espantosos, como decapitaciones de personas vivas, profanación y mutilación de cadáveres y el reconocimiento ante las cámaras por parte de los autores de su responsabilidad en tales abusos, de un modo que sugiere claramente que no temían que se les exigiesen responsabilidades.
Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Azerbaiyán. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (2024).
A pesar de las constantes denuncias, la comunidad internacional ha optado por la inacción. El Parlamento Europeo ha condenado la situación en reiteradas oportunidades2, aunque sin imponer sanciones que obliguen a Azerbaiyán a respetar los derechos de los prisioneros. Mientras tanto, los gobiernos occidentales mantienen sus relaciones comerciales y energéticas con Bakú, priorizando sus intereses estratégicos sobre la defensa de los derechos humanos.
El encarcelamiento de los rehenes armenios en Azerbaiyán refleja no solo una violación flagrante de los derechos humanos, sino también el uso sistemático de la justicia como herramienta de persecución étnica y la armenofobia más cruel impartida desde el seno del Estado. Mientras las familias siguen esperando respuestas y los detenidos enfrentan condiciones inhumanas, la falta de medidas concretas por parte de la comunidad internacional permite que el sistema judicial azerbaiyano continúe operando bajo las directivas del régimen autoritario de Azerbaiyán.
- «Continúa el juicio contra los armenios acusados de cometer crímenes contra la paz y la humanidad, crímenes de guerra y otros crímenes graves», según tituló la Agencia Estatal de Prensa de Azerbaiyán (AZERTAG) el 8 de febrero de 2025. ↩︎
- Propuesta de resolución común sobre la detención ilegal y el falso juicio de rehenes armenios, entre ellos altos representantes políticos del Nagorno Karabaj, por parte de Azerbaiyán. Publicado por el Parlamento Europeo el 12 de marzo de 2025. ↩︎
